En España, los afectados por este cártel tienen derecho a buscar el resarcimiento por los daños causados. Los perjudicados pueden incluir empresas y particulares que hayan adquirido o arrendado camiones entre los años 1997 y 2011.
Para buscar el resarcimiento, existen diferentes vías legales que pueden seguirse:
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Reclamaciones individuales: Los afectados pueden presentar demandas individuales contra los fabricantes de camiones ante los tribunales españoles. Deben aportar pruebas que demuestren la relación entre su adquisición o arrendamiento de camiones y la participación en el cártel, así como los daños y perjuicios sufridos.
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Acciones colectivas: También es posible unirse a acciones colectivas promovidas por asociaciones de consumidores o por terceros especializados en la defensa de los derechos de los afectados. Estas acciones buscan representar a un grupo de personas afectadas y simplificar el proceso de reclamación.
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Acuerdos extrajudiciales: Algunos fabricantes de camiones han llegado a acuerdos con asociaciones de consumidores y empresas para compensar los daños causados. Estos acuerdos permiten un proceso más rápido y evitar los costos y la duración de un litigio.
Es importante tener en cuenta que los plazos y requisitos para presentar reclamaciones varían según el país. En España, existe un plazo de prescripción de 5 años a partir de la fecha en que se hizo público el cártel en 2016. Sin embargo, es recomendable buscar asesoramiento legal especializado para conocer los detalles específicos y evaluar las opciones disponibles.
En conclusión, los afectados por el cártel de camiones sancionado por la Comisión Europea en España tienen derecho a buscar el resarcimiento por los daños causados. Pueden optar por reclamaciones individuales, acciones colectivas o acuerdos extrajudiciales. Es importante buscar asesoramiento legal para determinar la mejor estrategia y cumplir con los plazos y requisitos establecidos.